La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó este viernes al Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) cumplir las medidas para proteger la vida de excombatientes de las FARC y advirtió de sanciones en caso contrario.

La Justicia para la Paz emitió un auto después de que la ONU pidiera este jueves a Colombia más avances en la seguridad de los exmiembros de la guerrilla desarmados en el marco del Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno en 2016, después de que 2020 cerrara con el asesinato de al menos 73 antiguos combatientes.

En julio del año pasado, la JEP ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la UNP y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exguerrilleros de las FARC.

La Jurisdicción advirtió hoy que los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes hechas recientemente por el tribunal, "no han sido atendidas con efectividad".

Según los análisis de la JEP, cada cinco días un excombatiente de las antiguas FARC es asesinado, y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, un total de 256 firmantes han fallecido.

El alto tribunal considera que los guerrilleros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "no han recibido la atención suficiente" por parte de quienes tiene que velar por su protección y su seguridad.

Por ello, la Jurisdicción da veinte días al Consejero Presidencial, Emilio Archila Peñalosa, bajo pena de sanciones, para aprobar, adoptar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla el marco de protección de excombatientes y cuyo contenido lleva tiempo en debate.

Asimismo da diez días a la UNP para que presente un plan de acción, con cronograma, sobre cómo proyecta evacuar las solicitudes de protección que se encuentran pendientes.

Además, la JEP da diez días a su director, Alfonso Campos Martínez, para que presente un informe que contenga el presupuesto y la contratación de 686 escoltas y 40 analistas, que se necesitan para hacer efectiva la protección a excombatientes y el plan de acción.

En el auto no se especifican no obstante las sanciones que se pondrían imponer a la UNP y al Consejo Presidencial si no cumplen los plazos dados.

EFE